El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instaló el grupo de trabajo encargado de evaluar y revisar técnicamente las denominadas leyes procrimen.
En la primera sesión de la comisión especial participaron representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario, así como los especialistas académicos Julio Rodríguez Delgado, Mario Amoretti Navarro, Gonzalo del Río Labarthe y Edwar Álvarez Yrala.
No obstante, la composición del grupo no ha estado exenta de cuestionamientos. Diversos sectores señalan que sus integrantes son abogados que han representado a figuras del más alto nivel político y empresarial involucradas en presuntos casos de corrupción, tales como expresidentes de la República, directivos de la constructora Graña y Montero o el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esto ha despertado suspicacias respecto de su imparcialidad.
En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, el abogado penalista César Nakazaki defendió la conformación del grupo y señaló que, para elaborar protocolos jurídicos complejos, es indispensable convocar a quienes poseen experiencia de campo y solvencia dogmática.
Respecto de las sospechas de un posible sesgo corporativo o de favorecimiento a sus clientes particulares, remarcó la necesidad de separar los prejuicios de la competencia técnica.
“Acá, en concreto, es tener honestidad intelectual para saber que, cuando se necesita establecer leyes, a quienes tienen que favorecer es al país. El problema no es que haya diferencias; el problema es que todo se sustente y se decida adecuadamente”, dijo.
El grupo de trabajo tiene bajo su lupa un paquete de aproximadamente ocho normas penales y procesales clave que aprobó el anterior Congreso de la República, entre ellas, las relacionadas con la colaboración eficaz, la normativa sobre allanamientos y la extinción de dominio. De acuerdo con el Ministerio Público, estas leyes ponen en riesgo la seguridad y la justicia en el país.
En lo que concierne a la investigación iniciada por la Fiscalía de la Nación a raíz de la contratación de una madre y su hija —exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC) que habrían sido favorecidas por su cercanía política con el ministro Alberto Beingolea— en el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Nakazaki indicó que existen impedimentos legales para la contratación de familiares directos.
“Hay un marco de contratación estatal donde hay prohibiciones expresas respecto a lo que es pariente”, precisó.
Para el penalista, casos de esta índole evidencian que el Perú aún se encuentra rezagado en la implementación de una burocracia técnica y profesionalizada.
“El tema es que hasta ahora no se termina de consolidar algo central, que en Europa sí se consolida, que es la meritocracia, la tecnocracia; la administración pública tiene que profesionalizarse”, manifestó. Asimismo, advirtió que “mientras que eso no se dé, hay este tipo de problemática”.