El Gobierno dispuso la declaratoria de estado de emergencia en varios distritos de 22 regiones del país, además de la provincia constitucional del Callao, debido al peligro inminente que representan las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.
La medida -oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 124-2026-PCM publicado en el diario oficial El Peruano- tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca facilitar la ejecución de medidas preventivas y de rehabilitación excepcionales.
La disposición comprende localidades específicas de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
De acuerdo con el documento, la declaratoria se enmarca en una emergencia de nivel 4, lo que reconoce que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales ha sido sobrepasada, y es indispensable la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.
Para sustentar esta decisión, el Ejecutivo se basó en reportes oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño.
Los análisis climáticos de estas instituciones confirmaron la alta probabilidad de un escenario de precipitaciones extremas a causa de la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.
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Durante este periodo, los gobiernos regionales y locales deberán coordinar técnica y operativamente con el Instituto Nacional de Defensa Civil y carteras clave como los ministerios de Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, entre otros.
La norma precisa que todas las intervenciones ejecutadas tendrán que mantener un nexo directo de causalidad con la amenaza climática y serán financiadas directamente con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El Decreto Supremo lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el jefe del Gabinete, Luis Galarreta; y los titulares de diez ministerios responsables de articular la estrategia estatal frente al riesgo inminente de desastre.