Keiko Fujimori juró este 28 de julio como presidenta de la República para el periodo 2026-2031 y, en su primer mensaje a la Nación ante el Congreso, presentó las principales prioridades de su Gobierno. Entre ellas, las medidas que abordará para reducir los índices de criminalidad en el Perú.
El 59% de los peruanos considera que la lucha contra la inseguridad debe ser la principal tema que priorice el gobierno entrante, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Además, en lo que va del año se han registrado 1 191 homicidios en el país, más de la mitad de los 2 251 contabilizados durante todo 2025, de acuerdo con el Sistema Nacional Informático de Defunciones (Sinadef).
Lima, La Libertad, Callao, Ica y Piura concentran la mayor cantidad de asesinatos. Frente a este escenario, Fujimori anunció cinco medidas para enfrentar la criminalidad, que incluyen un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas, la modernización tecnológica de la Policía y el fortalecimiento de la inteligencia contra las organizaciones criminales.
La presidenta anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional.
Según Fujimori, esta medida se mantendrá hasta que se restablezca "plenamente la autoridad del Estado" y esos territorios puedan ser devueltos a los ciudadanos.
La segunda medida estará enfocada en la modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú.
Fujimori anunció la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, nuevas herramientas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta más rápida y coordinada frente a la criminalidad. "Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú", sostuvo durante su mensaje.
La presidenta también anunció que su Gobierno irá tras las mafias nacionales e internacionales vinculadas con delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
Para ello, planteó fortalecer los sistemas de inteligencia con el objetivo de desarticular estas organizaciones no solo desde sus cabecillas, sino también desde sus estructuras económicas y fuentes de financiamiento.
El anuncio de la presidenta apunta a uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años. Según el Ministerio del Interior (Mininter), las denuncias por extorsión pasaron de 4 539 en 2021 a 16 066 en 2022 y continuaron aumentando hasta llegar a 26 728 en 2025.
Fujimori también aseguró que los integrantes de la Policía Nacional que estén vinculados a organizaciones criminales no tendrán protección de su Gobierno. "Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno", afirmó.
La presidenta sostuvo que quienes "deshonren la institución" deberán responder ante la justicia "con todo el peso de la ley". Al mismo tiempo, anunció la creación de un sistema permanente de reconocimiento al mérito para los policías que arriesgan su vida en la protección de los ciudadanos.
Como quinta medida, Fujimori anunció el fortalecimiento y ampliación de las unidades de flagrancia, además de una "profunda reforma penitenciaria". El objetivo, según señaló, será que las cárceles vuelvan a ser "centros de reclusión" y dejen de funcionar como centros de operaciones del crimen organizado.
Con estos anuncios, la presidenta planteó una estrategia que combina el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia, la modernización tecnológica de la Policía, el fortalecimiento de la inteligencia y cambios en el sistema de justicia y penitenciario.
Finalmente, para enfrentar la delincuencia, la mandataria añadió que se coordinará con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias.